A LA CONFERENCIA DE SALAMANCA DE RESPONSABLES EUROPEOS DE CULTURA.
El Consejo de Patrimonio Cultural es una agrupación de veintiuna asociaciones
y federaciones que realizan actividades de defensa del patrimonio en las provincias
de Salamanca, Ávila y Cáceres, constituida sobre el compromiso
común de intervenir en ese campo y de actuar como educadores en la
formación de una conciencia colectiva basada en los valores democráticos,
del respeto mutuo y de la apreciación del entorno natural y cultural,
como activo importante y signo distintivo de nuestra civilización europea.
Denunciamos los obstáculos que las Administraciones Españolas
ponen continuamente a la participación de la sociedad civil en los
procesos y órganos de defensa del patrimonio, en abierta contradicción
con la carta de derechos de los ciudadanos europeos y con las conclusiones
de foros internacionales, como la V Conferencia Europea de Ministros Responsables
de Patrimonio Cultural celebrada en Portoroz, Eslovenia, en Abril del 2001.
Queremos que los derechos a la participación de ciudadanos y asociaciones
se reconozcan expresamente en La Ley de Patrimonio Histórico Español
de 1985, y, por citar un texto legal más reciente y próximo,
que se incorporen al texto definitivo de la Ley de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, ya que el Proyecto que ahora se debate los ignora
totalmente. Entre los derechos más frecuentemente conculcados están
el de acceso a la información y el de recibir apoyos financieros para
las actividades de las asociaciones y para la formación de sus miembros,
gestionados en procesos sin transparencia ni objetividad respecto a cómo
se adjudican las escasas ayudas existentes, que a menudo se emplean por las
administraciones como moneda para la compra de apoyos políticos. Las
diferentes administraciones españolas responsables del patrimonio cultural
habitualmente actúan en contra de los 17 puntos acordados en la Conferencia
de Eslovenia ya citada.
También denunciamos la falta de celo de las administraciones responsables
del patrimonio cultural en España, incluso ante denuncias concretas
de ciudadanos o asociaciones, que por acción u omisión se implican
en procesos de expolio derivados de promociones inmobiliarias, operaciones
especulativas sobre bienes culturales tanto protegidos como no protegidos
o simplemente mantienen una desidia o ignorancia que incumplen tanto la normativa
española como lo establecido en convenios y tratados internacionales.
Son continuas las agresiones al patrimonio industrial, al patrimonio menor,
a los cascos tradicionales o a los paisajes culturales, tanto por omisión
del deber de tutela como por anteponer la rentabilización económica
inmediata a la conservación de los bienes culturales, por no hablar
de reinvenciones, demoliciones y otras actuaciones agresivas, que se presentan
como de rehabilitación y muy frecuentemente se cofinancian con Fondos
Europeos.
Con referencia a la Comunidad de Castilla y León donde ahora se encuentran
y en lugares vecinos a la ciudad de Salamanca que les acoge, hay que denunciar
la destrucción de la maqbara o cementerio musulmán medieval
de la ciudad de Ávila, el informe de la Comisión Territorial
de Patrimonio de Salamanca que dio vía libre al derribo del Tinte del
Duque en Béjar, una de las más antiguas instalaciones industriales
de España, o el proyecto de construir un Parador Nacional de cinco
plantas engullendo el palacete existente en "El Bosque" de Béjar,
villa renacentista de recreo, por citar sólo tres casos concretos.
Entendemos que lo que se aprueba en el extranjero debe luego cumplirse en
España y, más concretamente en Castilla y León donde
tiene lugar la reunión de Ministros de Cultura que celebran. Por todo
lo expuesto, pedimos a la Conferencia reunida en Salamanca que ratifique los
acuerdos de Eslovenia sobre el papel de las asociaciones de voluntarios en
el campo del patrimonio cultural y que inste a las Administraciones públicas
a que adopten medidas para el cumplimiento efectivo de aquellos acuerdos.
Consejo de Patrimonio Cultural, reunido en El Barco de Ávila el 16
de Marzo de 2002.