A LA CONFERENCIA DE SALAMANCA DE RESPONSABLES EUROPEOS DE CULTURA.


El Consejo de Patrimonio Cultural es una agrupación de veintiuna asociaciones y federaciones que realizan actividades de defensa del patrimonio en las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, constituida sobre el compromiso común de intervenir en ese campo y de actuar como educadores en la formación de una conciencia colectiva basada en los valores democráticos, del respeto mutuo y de la apreciación del entorno natural y cultural, como activo importante y signo distintivo de nuestra civilización europea.
Denunciamos los obstáculos que las Administraciones Españolas ponen continuamente a la participación de la sociedad civil en los procesos y órganos de defensa del patrimonio, en abierta contradicción con la carta de derechos de los ciudadanos europeos y con las conclusiones de foros internacionales, como la V Conferencia Europea de Ministros Responsables de Patrimonio Cultural celebrada en Portoroz, Eslovenia, en Abril del 2001. Queremos que los derechos a la participación de ciudadanos y asociaciones se reconozcan expresamente en La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, y, por citar un texto legal más reciente y próximo, que se incorporen al texto definitivo de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, ya que el Proyecto que ahora se debate los ignora totalmente. Entre los derechos más frecuentemente conculcados están el de acceso a la información y el de recibir apoyos financieros para las actividades de las asociaciones y para la formación de sus miembros, gestionados en procesos sin transparencia ni objetividad respecto a cómo se adjudican las escasas ayudas existentes, que a menudo se emplean por las administraciones como moneda para la compra de apoyos políticos. Las diferentes administraciones españolas responsables del patrimonio cultural habitualmente actúan en contra de los 17 puntos acordados en la Conferencia de Eslovenia ya citada.
También denunciamos la falta de celo de las administraciones responsables del patrimonio cultural en España, incluso ante denuncias concretas de ciudadanos o asociaciones, que por acción u omisión se implican en procesos de expolio derivados de promociones inmobiliarias, operaciones especulativas sobre bienes culturales tanto protegidos como no protegidos o simplemente mantienen una desidia o ignorancia que incumplen tanto la normativa española como lo establecido en convenios y tratados internacionales. Son continuas las agresiones al patrimonio industrial, al patrimonio menor, a los cascos tradicionales o a los paisajes culturales, tanto por omisión del deber de tutela como por anteponer la rentabilización económica inmediata a la conservación de los bienes culturales, por no hablar de reinvenciones, demoliciones y otras actuaciones agresivas, que se presentan como de rehabilitación y muy frecuentemente se cofinancian con Fondos Europeos.
Con referencia a la Comunidad de Castilla y León donde ahora se encuentran y en lugares vecinos a la ciudad de Salamanca que les acoge, hay que denunciar la destrucción de la maqbara o cementerio musulmán medieval de la ciudad de Ávila, el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio de Salamanca que dio vía libre al derribo del Tinte del Duque en Béjar, una de las más antiguas instalaciones industriales de España, o el proyecto de construir un Parador Nacional de cinco plantas engullendo el palacete existente en "El Bosque" de Béjar, villa renacentista de recreo, por citar sólo tres casos concretos.
Entendemos que lo que se aprueba en el extranjero debe luego cumplirse en España y, más concretamente en Castilla y León donde tiene lugar la reunión de Ministros de Cultura que celebran. Por todo lo expuesto, pedimos a la Conferencia reunida en Salamanca que ratifique los acuerdos de Eslovenia sobre el papel de las asociaciones de voluntarios en el campo del patrimonio cultural y que inste a las Administraciones públicas a que adopten medidas para el cumplimiento efectivo de aquellos acuerdos.
Consejo de Patrimonio Cultural, reunido en El Barco de Ávila el 16 de Marzo de 2002.